La política de la empresa Transportadores Unidos de los Andes S.A. TUA S.A en materia de prevención y control del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT-PADM) se basa en los principios fundamentales de legalidad, diligencia debida, transparencia, cooperación y mejora continua. La empresa se compromete a cumplir estrictamente con todas las leyes y regulaciones nacionales e internacionales aplicables, implementando un sistema de gestión de riesgos robusto que incluye la identificación, evaluación, mitigación y monitoreo continuo de riesgos inherentes a nuestras actividades comerciales.
Para garantizar la integridad de nuestras operaciones, aplicamos medidas rigurosas de debida diligencia, verificando exhaustivamente la identidad, actividad económica y origen de fondos de nuestros clientes, socios comerciales y proveedores. Además, se han establecido mecanismos de monitoreo continuo para detectar y reportar operaciones sospechosas a las autoridades competentes, promoviendo el uso de medios de pago electrónicos y limitando las transacciones en efectivo. La capacitación continua de todos los empleados y auditorías internas y externas periódicas refuerzan nuestro compromiso con la transparencia y la ética, asegurando que nuestra política se mantenga actualizada y efectiva ante los riesgos cambiantes.
Finalmente, la alta gerencia, junto con el oficial de cumplimiento y todos los empleados, tiene la responsabilidad de implementar y adherirse a esta política, garantizando que la empresa no establezca relaciones comerciales con personas o entidades vinculadas a actividades ilícitas y aplicando medidas reforzadas de diligencia para clientes considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Es la modalidad mediante la cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a recursos originados en sus actividades ilícitas. En otras palabras, es el proceso de hacer que el dinero «sucio» parezca «limpio», haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes obtengan beneficios de las ganancias de sus acciones delicuenciales, sin poner en peligro su uso en actividades lícitas o ilícitas.